Por: Alejandro Linares | Venezuela
El 26 de septiembre pasado, un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa tenía previsto realizar una protesta en Iguala, en el sureño estado de Guerrero. Para ellos, era una protesta más. Pero para el entonces alcalde, José Luis Abarca, de Iguala, no. Es que su mujer, María de los Ángeles Pineda, también funcionaria municipal, iba a encabezar un acto cerca de aquella manifestación, y no quería interrupciones. Entonces, presuntamente por órdenes del intendente, la policía de Iguala atacó a los estudiantes. Seis murieron, 25 resultaron heridos y 43 desaparecieron.
La hipótesis principal apunta que la misma policía se los entregó al cartel Guerreros Unidos, el mayor de esa zona, también con vínculos con el alcalde. Una perfecta y perversa coordinación entre políticos, policías y carteles.
La pregunta es qué pasó después con aquellos jóvenes que estudiaban para ser maestros. Según las autoridades, tres sicarios detenidos confesaron que los policías se los entregaron, que los mataron y quemaron en una hoguera que ardió por 15 horas, y lanzaron a un río los restos. Los agentes federales siguieron la pista de los “arrepentidos” y finalmente dieron con los supuestos restos de los estudiantes, que todavía son analizados.Los peritos que analizan los restos calcinados encontrados en el basurero de Cocula identificaron al menos a uno de los 43 estudiantes, Alexander Mora, quien era uno de los normalistas desaparecidos.
Pero los padres se rehúsan a creer en esa teoría, aseguran que siguen secuestrados y exigen continuar la búsqueda. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, exclaman en masivas manifestaciones desde hace dos meses.
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