Por: Marjuli Matheus Hidalgo | Venezuela
Caracas.- Un Gobierno señalado de violar derechos fundamentales, más 45 mil sentencias, nueve años, un tribunal, ningún fallo en contra, este es el balance a favor del Ejecutivo venezolano en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máxima instancia judicial en el país.
En un ambiente tan polarizado políticamente como el venezolano, ante un Gobierno contra el que se han introducido 1.732 denuncias y amparos en el Poder Judicial, entre 2004 y 2013, para muchos resulta incomprensible cómo es que ninguno de esos recursos legales ha encontrado admisibilidad en el TSJ.
Pero cuando se analiza un poco el contexto, todo parece tener sentido, mas no coherencia con el espíritu democrático. Los magistrados del TSJ públicamente han profesado lealtad al “proceso” a la “revolución”, al Presidente. Al grito de “Uh, ah, Chávez no se va”, fue recibido el difunto presidente en 2006 por los juristas que dejaron engavetado el sagrado deber de la justicia y la imparcialidad, para expresar su sumisión ante el Poder Ejecutivo, lo que marcó públicamente la extinción del principio democrático fundamental: la separación de poderes públicos.
Así lo constataron cuatro abogados venezolanos que decidieron investigar lo que muchos venezolanos saben, lo que ha sido obvio durante años, que el TSJ es el brazo jurídico del avance político instaurado por Hugo Chávez y proseguido por el actual presidente, Nicolás Maduro.
“El TSJ al servicio de la revolución, libro publicado en noviembre de 2014, es el resultado de esta investigación hecha por los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giuseppe Graterol. Tras un arduo trabajo de revisión y análisis de 45.474 sentencias, llegaron a la conclusión evidente: El Poder Judicial juega a favor del Gobierno, de espaldas a la institucionalidad, al Estado y, lo que es peor, al pueblo. “Destrucción es lo que queda cuando los jueces, en vez de impartir justicia, se pliegan al poder para abusar, oprimir y saquear a la gente”, reza la introducción del texto, que hiela la sangre cuando se piensa en la realidad venezolana.
“Con elementos metodológicamente rigurosos y objetivos desde el punto de vista de su verificación: estadísticas del número total de juicios que ha tramitado el máximo tribunal desde 2004 hasta 2013, para determinar la tasa de sentencias a favor o en contra del Gobierno y de los particulares que han introducido las sentencias”, así describe Herrera la investigación realizada por él y sus colegas.
Las salas Constitucional (SC), Político Administrativa (SPA) y Electoral (SE) del TSJ, fueron objeto de este estudio en el que se concluye que sus decisiones han atentado contra los principios democráticos, los derechos sociales, la participación política, la libertad de información, entre otros derechos fundamentales, demostrando carencia absoluta de independencia judicial en relación con el Ejecutivo.
Herrera comentó que la sala que mostró mayor inclinación a dictar a favor del Gobierno Nacional fue la Político Administrativa, seguida de la Constitucional y la Electoral.
El inicio del fin
Los autores marcan el año 2004 como el momento determinante de la “total politización” del Poder Judicial, luego de que Chávez hiciera uso de todo su poder y el de las instituciones del Estado, cuyo dominio ejercía plenamente como el caso de la Asamblea Nacional, esto con el objeto de someter también al TSJ.
El hecho que desató la furia del difunto presidente fue la sentencia del máximo tribunal sobre los hechos de abril de 2002, cuando salió temporalmente del poder. “Ellos pusieron la plasta”, espetó el entonces Presidente en referencia a los magistrados que absolvieron a los militares acusados de participar en un golpe de Estado. La decisión calificó las circunstancias como un “vacío de poder”, en tanto que el General en Jefe de las Fuerzas Armadas, Lucas Rincón, anunció públicamente que Chávez había renunciado.
Así, se marcó claramente el inicio del fin de la independencia que todavía tenía el máximo tribunal, aunque ya se trazaba este camino desde 1999 con la constituyente. En consecuencia, Chávez logró que la mayoría oficialista en la AN legislara, en 2004, sobre una nueva Ley Orgánica del TSJ que aumentaba de 20 a 32 los magistrados, permitía la elección de magistrados por mayoría simple en el parlamento y posibilitó una purga en el Poder Judicial, con este panorama, el Ejecutivo no vería limitadas sus actuaciones señaladas como inconstitucionales.
“El Gobierno alcanzó un control total sobre los tribunales, estos no limitan sus actuaciones, esto supone un sistema despótico en tanto no está regido por las reglas del Estado de Derecho”, explica el texto de Canova, Herrera, Rodríguez y Graterol.
Casos emblemáticos
Muchas de las sentencias del TSJ han trascendido por su evidente parcialidad hacia la corriente oficialista. Estos son algunos de los temas que han destacado:
- Reelección indefinida del Presidente de la República (SPA).
- Avalar decretos presidenciales en materia de administración pública (SPA).
- Inhabilitaciones políticas a dirigentes de oposición (SPA).
- Revocatoria de concesiones a medios de comunicación (SPA).
- Avalar Ley habilitante y decretos Ley (SC).
- Facilitar la implementación de la Reforma a través de Enmienda Constitucional (SC).
- Convalidar decisiones políticas del Ejecutivo sobre las reservas internacionales (SC).
- Rechazar amparos de protección a los derechos humanos en materia de propiedad privada, derechos políticos, libertad de asociación.
- Decisiones contra recursos sobre importación del papel prensa.
- Interpretación que permitió la candidatura del entonces vicepresidente, Nicolás Maduro, en las elecciones presidenciales de 2013, tras la muerte de Chávez.
- En 2014, decisión sobre inmunidad parlamentaria de María Corina Machado.
"Hay un componente de activismo político en el TSJ que a favor de las decisiones políticas de los poderes nacionales que cancela toda independencia e imparcialidad del Poder Judicial", concluye Herrera.
En cifras
- 0% de decisiones a favor de particulares, en casos de trascendencia nacional.
- 100% de decisiones a favor del Gobierno nacional, funcionarios o instituciones gubernamentales
- 1.732 sentencias en juicios de control directo de actuaciones u omisiones de los Poderes Públicos, de las cuales 570 se dictaron en juicios de amparos contra actos del Gobierno y otros Poderes y 26 en juicios de amparos contra leyes, sin que se declarara con lugar ningún amparo que pidiera dejar sin efecto alguna medida política o de trascendencia nacional de los Poderes Públicos Nacionales
- 52 casos en los cuales las salas examinadas, ya sea mediante declaratorias sin lugar, de inadmisión o de cierre del expediente por “pérdida de interés”, rechazaron reclamos de personas en contra de actuaciones u omisiones de los Poderes Públicos, y en los que acogió en forma explícita o implícita la postura que en forma pública el Gobierno o alguna otra autoridad nacional asumió justo antes de que se dictara la sentencia vinculada con el caso.
- En nueve años, la SE sólo ha dictado 54 sentencias en asuntos de naturaleza electoral, pero la gran mayoría de estas sentencias son sobre asuntos regionales o municipales, no nacionales.
- Solo en 12 sentencias el TSJ cuestionó actuaciones del CNE, pero de estas 12, el 89% de las sentencias fueron a favor del partido de Gobierno o de aliados de éste en contra de partidos o aliados de los partidos de oposición, con lo cual de cada nueve sentencias que dictó la SE en esta materia electoral nacional, en ocho le dio la razón al oficialismo.
Las consecuencias más graves
De acuerdo a la investigación, la falta de independencia e imparcialidad causa, en primer lugar, la ausencia de límites jurídicos, de control judicial, sobre los Poderes públicos nacionales, y el mensaje de que pueden violarse impunemente los derechos humanos de los disidentes y cualquier persona objeto de una medida arbitraria contra su propiedad, libertad o vida.
En segundo lugar, Herrera identifica que la entronización de la impunidad y la irresponsabilidad en el ejercicio del Poder Público, ya que no hay consecuencias en cuanto a reparaciones, castigos y otras medidas contra los autores de los abusos y, en tercer lugar, la falta de seguridad jurídica, de confianza y de garantías a la inversión privada, a las relaciones laborales y a los derechos de propiedad, lo que genera escasez, inflación, mercados negros, corrupción, desempleo, abuso de poder, privilegios, especulación, falta de transparencia, centralismo, permanencia indefinida en el poder, falta de libertad de expresión e información y, en definitiva, suspensión del Estado de derecho.
"Recientemente un magistrado de la SPA del TSJ declaró que el Estado venezolano es ‘revolucionario de izquierda radical’, esas no son declaraciones que pueda dar un juez en ningún país del mundo donde haya democracia y Estado de derecho", criticó Herrera.
Asimismo, exhortó a los venezolanos a hacer las denuncias aunque en este momento no haya garantía de justicia. “Al recobrar la institucionalidad, se podrá exigir justicia y rendición de cuentas, no solo del Estado, sino establecer responsabilidades individuales de los jueces que han ejecutado sentencias contrarias al Estado de derecho”, puntualizó.
Los resultados de la investigación no han sido desmentidos ni refutados por los magistrados del Poder Judicial.
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