Oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana venezolana lanzan fuego contra un residente que intenta caminar a la Base Militar Paramacay en Valencia, Venezuela- Foto: AP / Juan Carlos Hernández
Por: Marjuli Matheus Hidalgo - Proceso.com.mx
CARACAS.- El apoyo militar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es lo que lo mantiene en el poder, así lo aseguran analistas y se evidencia al permanecer al mando de un país en crisis, cuya población lo rechaza y a la cuál ha reprimido ferozmente en los últimos cuatro meses de protestas contra su gobierno. En este contexto, el papel de la Fuerza Armada Nacional (FAN) venezolana ha sido clave para evitar que Maduro y su estructura de poder, den paso a un nuevo gobierno.
Con menos del 18% de aprobación, según la encuestadora Datanálisis al cierre de julio, Maduro es el presidente latinoamericano con menor aceptación entre sus conciudadanos. Las acusaciones de violación a los derechos humanos en Venezuela han trascendido sus fronteras. El miércoles 9, la Organización de Naciones Unidas (ONU), acusó al presidente venezolano de “uso generalizado de la fuerza y detenciones arbitrarias”. 17 países de América y el Caribe el martes 8 en Lima, rechazaron la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impuesta por Maduro y condenaron la violación a los derechos humanos cometida en Venezuela.
Ante el rechazo nacional e internacional, Maduro se radicaliza y no solo instauró una ANC, convocada ilegítimamente violando la Constitución vigente hasta ese momento, sino que desarticuló los poderes del Estado que no le eran complacientes, como el Parlamento y la Fiscalía General del República que conforma el Poder Moral, uno de los cinco poder públicos que estableció Hugo Chávez en su Constitución de 1999 en la cual agregó el Poder Moral y el Electoral a los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En este panorama, para cualquier gobierno sería difícil mantenerse legal y legítimamente en el poder, pero Maduro cuenta con el respaldo más importantes en términos de conservar el control de una nación: el apoyo militar. Gabinete militar Desde el ascenso del exmilitar Hugo Chávez al poder, el estamento militar tomó protagonismo en la vida política. “Sin duda alguna la estructura de poder militar y político en Venezuela es indivisible (…) es militarista completamente”, declaró a Proceso la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y analista en materia castrense.
Actualmente, más de un tercio de los 32 ministerios que conforman el gabinete están a cargo de oficiales activos o retirados. Maduro mueve sus fichas y le da más poder a los militares, no solo en lo político y económico, también le otorga poder judicial al permitir que cortes marciales persigan a civiles disidentes; de acuerdo con la ONG Foro Penal, más de 600 ciudadanos han sido presentados ante tribunales militares, cifra al 6 de agosto.
La FAN está integrada por cuatro componentes: Guardia Nacional (GN), Ejército, Armada y Aviación. De estos, la GN es la que ha participado activamente en la represión de manifestaciones desde los tiempos de Chávez hasta las protestas contra Maduro.
En este escenario, para San Miguel, las fuerzas militares no le son leales a régimen, sino a la estructura de poder que Chávez creó y que Maduro a afianzado. “Por la vía de la participación en el gabinete ministerial -con 12 ministros militares-, en la administración pública -unos dos mil militares forman parte de la estructura clave en espacios gubernamentales-, la participación en la importación de alimentos y en tráficos ilícitos”.
Incentivos a la lealtad
El régimen ha sido hábil en mantener contentos a los militares. “Por la vía de los incentivos de toda naturaleza a la lealtad. En Venezuela han ascendido en los últimos siete años más de 1.250 generales”, explicó San Miguel. El 1 de julio, en medio de las protestas opositoras, Maduro ascendió a 139 generales y almirantes de la FAN. Entre ellos, el general en jefe Antonio Benavides Torres, quien había sido imputado por el Ministerio Público por “graves violaciones a los derechos humanos”, medida que luego fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano controlado por Maduro.
También fue condecorado el general en jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), agencia civil dirigida por un militar encargada de allanamientos, persecución y detenciones arbitrarias. Estos reconocimientos obedecen a un patrón de premios a los militares que actúen de forma más radical contra los opositores. “Maduro renovó reciente muchísimas unidades con poder de fuego, entre ellos los comandantes de la Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI). Eso da muestra del control sobre el poder de fuego que tiene (Maduro)”, destacó San Miguel.
El dominio económico que detentan los militares está concentrado en las operaciones que mueven grandes sumas de divisas, en un país con un control cambiario desde hace 14 años. La Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS) fue creada por Maduro en julio de 2016 y esta a cargo del ministro de la Defensa, general en jefe del Ejército Vladimir Padrino López.
Para noviembre de ese año la GMAS no tenía transferencia de recursos a través del Sistema Financiero Público Nacional, pero se le asignó la administración del Comando de Abastecimiento Soberano cuyo presupuesto en ese momento era de 274.754 millones de bolívares, de acuerdo al informe de Transparencia Venezuela. La cifra, al cambio oficial preferencial para rubros de alimentación, representaba más de 27.475 millones de dólares. No obstante, el país culminó 2016 con un índice de desabastecimiento en alimentos del 80%, según cifras de la firma Datanálisis.
Empresarios verde olivo
Luego de la creación de la GMAS, Padrino López designó a 18 generales y almirantes para fiscalizar la producción, distribución y comercialización de alimentos, medicinas y productos de higiene personal como el papel higiénico, toallas sanitarias, pañales, champú, crema dental y desodorantes, entre otros.
“Toda la estructura de importación de alimentos la dirige el mayor general del Ejército Rodolfo Marco Torres, militar retirado que conduce el Ministerio de Alimentación venezolano. El ministro de la Defensa es quien dirige la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Más de 16 generales y almirantes designados por rubros de alimentación”, explicó.
Pero el control militar no se limita a los alimentos y artículos de higiene, Maduro también les otorgó la conducción de la industria petrolera y la explotación minera, en un país con la mayor reserva de petróleo del mundo y con grandes yacimientos minerales y gasíferos. “La estructura de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas), que se encarga de la explotación y exploración minera en Venezuela, ha sido asignada a los militares por 50 años”, precisó.
Camimpeg fue creada en febrero de 2016 para que la FAN pueda “fortalecer su propia doctrina y tecnología, adecuando la industria militar a las necesidades del pueblo venezolano”, dice el decreto presidencial.
“Estamos convencidos de hacer esfuerzos para completarnos. Venimos a firmar un memorándum de entendimiento para que con las potencialidades de la FAN, proporcionemos soluciones integrales al sector”, dijo el ministro de la Defensa en la Expo Venezuela Productiva, en marzo.
Al menos 17 empresas están adscritas al Ministerio de la Defensa. La mayoría de los rubros nada tienen que ver con la actividad militar. Desde una agencia de viajes y turismo (Ifamil), hasta una de construcción (Construfanb), además una televisora (TVFanb), una aseguradora (Seguros Horizonte), entre otras.
“Hay que ponerse la mano en el corazón y aceptar que las Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo es realmente costosa para el Estado”, justificó Padrino López en enero, reseñó el diario local El Nacional.
“La industria militar debe desarrollar todo lo que la FAN necesite y mucho más allá. Hay un patrimonio de investigadores, científicos e innovadores que se pierde de vista… Yo le he dado la orden al General en Jefe (Padrino López) para que se desarrolle, como un motor poderoso, la industria militar venezolana”, dijo Maduro en febrero de 2016 tras crear Camimpeg.
A la creación de empresas exclusivas para los militares, se le suma la falta de fiscalización. En diciembre de 2016 el TSJ eliminó la contraloría a dichas compañías. Mediante la sentencia N° 1.421, le quita competencia a la Contraloría General de la República para fiscalizar las empresas del Ministerio de la Defensa y se la otorga a la Contraloría de la FAN. Es decir, el ministerio se autorregula.
El negocio de la alimentación y la minería son los que más producen dividendos en cuanto a ingresos legales para la estructura militar, explica San Miguel, pero señala las denuncias de negocios ilícitos en los que los militares tiene presunta participación. “Tráfico de combustible, alimentos, minerales y drogas”, dijo.
En 2016 el Observatorio de Delito Organizado de Venzuela reveló una listad de 40 militares y funcionarios del Gobierno vinculados en tráfico de drogas.
Alzamiento dudoso
Dadas estas circunstancias, la experiencia regional indicaría que un Gobierno ilegítimo sin apoyo popular, saldría por un golpe de Estado militar, pero este escenario no es muy probable actualmente, debido al poder económico y político que detentan los altos mandos.
Sin embargo, un hecho el pasado domingo 6 corrió la cortina de un posible alzamiento militar. La 41 Brigada Blindada del Ejército de Venezuela en el fuerte Paramacay de Valencia, estado Carabobo, fue tomada por un presunto grupo insurgente. El gobierno de Maduro aseguró que fue “neutralizado”, mientras que los autores afirmaron que fue un éxito, pues se llevaron un cargamento del parque de armas de esa brigada.
Militares retirados y activos anunciaron en un video una supuesta rebelión militar "Operación David" contra el régimen de Maduro. El capitán retirado Juan Caguaripano Scott se adjudicó el movimiento mediante un video difundido en redes sociales.
Respecto a los hechos ocurridos en la base militar de Paramacay, San Miguel estima que fue una operación infiltrada. “Está por verse el alcance de esto, la historia de Venezuela no reporta movimientos insurreccionales con bajos mandos, con oficiales que ya no forman parte de la estructura de la FAN y mucho menos por civiles”, aseveró.
El hecho no está del todo claro. Los presuntos insurgentes se desmarcaron de la oposición política, mientras que el Gobierno no dio mayores detalles de lo ocurrido. La acción fue repelida por cuerpos policiales y no por brigadas militares. “Hay muchas preguntas que están en el aire, una de ellas es por qué respondió el Sebin (policía política) y el Conas (comando antiextorsión de la GN) y no respondió una unidad militar”, cuestionó.
Para San Miguel, la toma de Paramacay benefició a Maduro en su discurso de un ataque armado contra su gobierno. “Esto permite avanzar en esta narrativa de una insurgencia armada que le conviene tanto al Gobierno”. Maduro calificó este hecho como “un acto terrorista” y señaló a factores extranjeros. “Esa factura se pagó desde Miami y de Colombia (…) Quién lideró ese ataque es un desertor que ha vivido en Miami”, dijo.
Por las características del hecho, San Miguel estima que el plan fue interceptado por el Gobierno y lo calificó como un falso positivo. “Este movimiento muy probablemente estaba infiltrado. Un falso positivo no quiere decir necesariamente que los que participan sepan que están infiltrados. Pero, por los resultados que ha obtenido el Gobierno, sin duda, ha salido beneficiado con este hecho”.
La presidenta de Control Ciudadano considera muy grave la influencia militar en Venezuela debido a que sirve de “apalancamiento para la consolidación de la dictadura”. Y considera que “hay una situación realmente extrema que tiene que ser preocupante no solo en el ámbito nacional sino en el internacional”.
Aseguró que en efecto existen divisiones internas dentro de la FAN que se podrían expresar en el mediano plazo. “Por no permitírsele participar en la estructura de poder que se está consolidando”, pero no lo ve plausible a corto plazo. “El Gobierno avanza en deshumanizar a la oposición, dividiéndola, explotando sus debilidades, apuntalando a los sectores más radicales de ambos lados”.
Adictos a los beneficios
San Miguel apunta que el régimen de Maduro apuesta a la destrucción del tejido social. “Las redes sociales son un ejemplo de esto, expresada en las críticas que se hacen a líderes opositores, a personas que trabajan en movimientos sociales. Eso forma parte de una articulación que busca deshumanizar los anclajes de una sociedad para generar mayor confusión, frustración y desánimo”.
Reconoce que los militares tienen muchas posibilidades de actuación y en sus manos podría estar una salida a la crisis venezolana, sin que esto implique necesariamente un golpe de Estado. “Una de ellas es el desacato de órdenes contrarias a la Constitución, eso produciría un retroceso en la ruta de criminalización y represión en la que está avanzando Maduro; sin embargo, hasta ahora no se han visto expresiones de desacato en esa dirección”.
Desestima un escenario de revuelta militar. “La otra es la clásica vía histórica en los procesos latinoamericanos que es el de la rebelión militar. Allí no veo una configuración clara en esa dirección, por lo menos no en este momento”.
La lealtad de los militares venezolanos es hacia sus propios beneficios, que han obtenido durante casi veinte años, solo una fórmula que elimine este acceso ilimitado a recursos y poder que tienen los altos mandos, podría traducirse un debilitamiento significativo del régimen que finalmente culmine con su salida del poder.
“No es un asunto de lealtad en términos de generosidad y principios, es un asunto de una construcción que se ha edificado como parte de un proyecto en el que los incentivos a la lealtad son una de las fórmulas que han encontrado resultados para este proyecto que desde el inicio del ascenso de (Hugo) Chávez en el poder se presentó de esta manera para este proyecto de carácter burocrático, autoritario y dictatorial”, finalizó.
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